Experto habla del origen, manifestaciones y efectos de la violencia política en Latinoamérica - América Latina . Maya Nro 50

Jorge Riquelme es psicólogo, especialista en políticas públicas de reparación a las víctimas de la violencia política y violaciones de los Derechos Humanos. Ante la flagrante escalada represiva policial, militar y parapolicial en Latinoamérica a raíz de los múltiples estallidos sociales en países como Chile, Colombia, Ecuador y Brasil, además de golpes de Estado como el de Bolivia, Maya se sentó con él para analizar las características de dicha actividad represiva, así como sus consecuencias.

Maya (M): ¿Qué debemos entender por violencia política y cuáles son sus características?

Jorge Riquelme (JR): La violencia tiene un carácter histórico y es imposible entenderla fuera del contexto social en que se produce. Este enfoque permite ponderar el significado concreto de cada acto de violencia con respecto a la totalidad social.

La violencia política es un medio común usado por los pueblos y gobiernos de todo el mundo para lograr objetivos “políticos”; en particular, en el ámbito de los Derecho Humanos se refiere a atentados o daños físicos  hacia personas o instituciones cuyo propósito, es a través de la violencia, modificar el comportamiento de las personas.

Desde sus inicios América Latina ha tendido y sufrido la violencia, en época Precolombina, en la Conquista, en la Independencia y durante la construcción de naciones y Estados. La violencia revolucionaria, las respuestas a estas desde las dictaduras. Y no menor la violencia estructural de la pobreza, la falta de equidad y sin saber qué se espera en el futuro. 

La violencia hoy en América Latina se presenta mediante otras caras, como la implantación de modelos económicos que tienen costos sociales altísimos, por ejemplo: cesantía, falta de equidad, desigualdad de distribución del ingreso, aumento de   la prostitución, delincuencia, drogadicción, entre otros. 

Dentro de este contexto, en Latinoamérica vemos con preocupación cómo diferentes gobiernos han echado mano de antiguas prácticas autoritarias para establecer orden cuando la protesta social crece, vulnerando los Derechos Humanos de la población.

M: ¿Cuáles son los objetivos de la violencia política?

JR: En Latinoamérica en particular su objetivo primero es, sin duda, modificar las conductas de personas individuales y colectivas frente a las demandas sociales y económicas a través del orden forzado.

 El recurso de la represión estatal suele tener como objetivo (aunque no en todos los casos) impedir que la población se organice para oponerse al régimen. Actualmente lo vemos en las diferentes demandas sociales que se resisten al modelo imperante que no da respuestas a las grandes necesidades de segmentos vastos de la población, a pesar de la promesa de décadas de prosperidad para todos.

M: ¿Qué tipos de violencia política existen?

JR: La violencia presenta múltiples formas y, entre ellas, pueden darse diferencias muy importantes, por ejemplo, es diferente la violencia estructural y la interpersonal, aunque esta última podría materializar la estructural. Englobar todas las formas de violencia en una sola categoría correría peligro de ser una simplificación distorsionante.

Sin embargo, los tipos de violencia política más comunes son: el Genocidio, Detención con Desaparición, Ejecución Política, Prisión Política, Tortura, Relegación, Exoneración Política, el Terrorismo, la Reeducación Político-Social Forzada, la Insurgencia, la Violencia Policial.

En el último tiempo hemos visto el resurgimiento de antiguos fantasmas del pasado que creímos medianamente superados, esto es la violencia policiaca desbordada y normalizada como técnica de control; ante protestas masivas y autoconvocantes, las Policías han utilizado una fuerza desmedida, solo entendida por las prácticas antiguas en tiempos de dictaduras, no consonantes con las reestructuraciones de modernización curricular de dichas instituciones a nivel educacional y adiestramientos. Queda en evidencia que aún persiste el “código y currículum invisible del pasado”. 

M: ¿Cuáles son las consecuencias y efectos de la violencia política en las víctimas,  tanto en lo individual como en la sociedad en su conjunto?

JR: La consecuencia principal y permanente de la violencia política es generar un trauma, lo cual etimológicamente significa “herida”, la que va desde secuelas emocionales hasta condiciones de salud adversas permanentes al ser testigo o víctima de apremios psicológicos o físicos.

Pensar el trauma históricamente implica la consideración de dos dimensiones: la dimisión temporal, de la experiencia producto del trauma, y el contexto sociopolítico en que este ocurre. Esto ha sucedido en los diferentes países de Latinoamérica a través de su historia de manera recurrente, con la sistemática violación de los Derechos Humanos que ha flagelado a la región en el pasado y hoy en el presente.

Como segunda gran consecuencia, y como efecto contraproducente, causa un amplio, consistente y claro resentimiento hacia las instituciones que supuestamente están para resguardar a la población. La desconfianza de la población hacia los cuerpos armados en democracia supone una grave fractura social, de la cual el Estado está obligado a tomar medidas inmediatas tendientes a establecer un control estricto de sus modus operandi.

M: En términos sociales y políticos, ¿cómo enfrenta un Estado y un gobierno los efectos de esta violencia política? ¿Cómo se repara ese daño individual y social, incluso sectorial, porque a veces son focalizadas en lugares específicos?

JR: La reparación integral es un deber del Estado (por su condición de garante y por la jurisdicción nacional e internacional) y es un derecho de las víctimas.

Los objetivos que deben perseguir esta reparación integral son la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y no repetición.

Sin embargo, tal reparación presenta obstáculos propios del subdesarrollo político en nuestra región, ya que persisten sectores sociales y políticos que tienen opiniones encontradas con referencia a las violaciones a los Derechos Humanos y a los límites que debe haber en el uso de la fuerza por parte del Estado. En este sentido, es de suma urgencia que, como en países que han avanzado y han consolidado una estructura firme en Derechos Humanos, en Latinoamérica se establezcan en toda la línea de educación planes de estudios que incluyan esta temática, pero no con un sentido enciclopédico, sino que con la finalidad práctica de conducta permanente, y esto contiene una reestructuración aún más profunda en instituciones armadas. 

Maya

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