QUÉ BUSCA EL DS. 4272 ? RESTAURAR EL NEOLIBERALISMO !!
Ya
desde abril pasado, el gobierno golpista implementó medidas para favorecer a
los empresarios, agroindustriales, exportadores y todo el capital, sea en
impuestos -vía medidas institucionales o simplemente delincuenciales-; sea
flexibilizando el comercio exterior; sea disponiendo créditos con recursos de
las AFPs; sea en la legalización fraudulenta de tierras; perdonazos, etc, etc.
Simplemente no tienen escrúpulos y miramientos como los tenía el Proceso de
Cambio, decían, “para no violentar las reglas del juego democrático”. La
derecha no niega su proyecto de clase, no cambia sus intereses de clase y,
pandemia por encima, pretende atragantarse los recursos del TGN y la deuda.
Una
de esas medidas es el DS 4272 denominado “Programa Nacional de Reactivación del
Empleo”. Analicemos y descifremos las verdaderas intenciones de este decreto:
1.
De inicio, el
decreto 4272 en sus justificativos (considerandos), señala que está en el marco
de la Constitución y el Art 306, parágrafo V y por tanto, recurrirá para su
Programa, a la “distribución equitativa de los excedentes económicos”. Entonces
se están refiriendo a los recursos del TGN, recursos que ya están destinados y
distribuidos según el Presupuesto General del Estado (PGE) para cubrir sueldos
y salarios de maestros, trabajadores de la salud, FF.AA, Policía, regiones y
todo el aparato estatal, bonos e inversión productiva. Distribuir los
excedentes no tiene base y lógica elemental, quizá desconocimiento de la
economía o simplemente demagogia, al pretender hacer uso de recursos oficiales
destinados y aprobados en diciembre del 2019 y que tendría que pasar por la
aprobación parlamentaria donde el MAS es mayoría, cosa que no ocurrirá. ¿De
dónde saldrán los recursos, cuando los mismos han disminuido y seguirán
disminuyendo?. Pretenden entonces echar mano de los recursos destinados a los
proyectos de inversión pública y a los créditos que llegarían del exterior, lo
que significa simplemente endeudamiento.
2.
El tercer
considerando hace referencia a “acciones en los sectores más afectados por el
COVID 19” cuando NO existe ninguna evaluación del impacto económico, social y
sanitario de la pandemia en el país. Lo que nos hace concluir, que el gobierno
y los empresarios privados tienen fijado de antemano el destino de los recursos
para su asignación. ¿Puede el gobierno golpista transparentar esa evaluación
del impacto del coronavirus hasta el presente?. ¡Emplazamos a hacerlo!!!, con
la seguridad de que el gobierno transitorio no tiene fundamento. ¿Quiénes
definieron las prioridades y los sectores económicos que requieren más o menos
inyección de recursos?. ¿Son los sectores que fortalecen el mercado interno que
multiplican el empleo o son los grandes exportadores los que recibirán los
créditos?. Lo que conocemos todos, es la improvisación, el caos y la impostura
en el manejo de la información sanitaria que está convirtiendo a todos los
fallecidos por múltiples causas, en COVID 19; ni siquiera en el sector salud,
pueden tener control, atender las demandas de los médicos, de los trabajadores
de la salud y la demanda de la población, menos podrán controlar la económica
que están destruyendo deliberadamente. Si de regiones más necesitadas se trata,
la oligarquía y su región de seguro acaparará los créditos, dejando en el
desamparo a la gran mayoría de los 339 municipios. Para la derecha, esta es la
fórmula de la “distribución equitativa”.
3.
El Programa que
dicen es para el Empleo, es en realidad un PROGRAMA FINANCIERO EMPRESARIAL. De
los 2.617 millones de $us. programados, destinan solo 17 millones para las
pequeñas y microempresas, es decir 0.64%; peor, para empleo eventual o
“programa directo de empleo” tan solo 14,4 millones, es decir 0.55%. Pero más
de 1.700 millones para las grandes empresas, 158 millones de $us para el fondo
sectorial y 718 millones de $us para vivienda (remedo de la política del MAS),
vale decir, casi la totalidad para las grandes empresas comerciales,
importadores, exportadores, agroindustria, transporte, construcción y
empresarios rentistas. Por supuesto, un gobierno de derecha que está en el
poder, favorecerá hoy y siempre a los sectores empresariales oligárquicos que
no tienen patria, pero si intereses. No importando si estamos ante una pandemia
o en crisis económica. Más aun, en recesión y en crisis, es el momento de
desfalcar la economía nacional. Es el descaro en su máxima expresión.
4.
El Programa es
un absurdo que pretenden aplicar “en un marco de disciplina fiscal y ajustes
administrativos en el sector público” en medio de una economía que está
sufriendo un schok de la demanda, de la capacidad de compra de la población y
que solo ella puede reactivar la oferta, pues no podrá hacerla si se implementa
despidos laborales bajo el criterio de ahorro estatal. ¿Reducir el gasto en
salud, educación, servicios y empleo cuando precisamente lo que debe hacerse es
inyectar recursos a la población?; no solo para que subsista la inmensa
mayoría, sino porque es lo más recomendable para evitar el colapso total de la
economía. A todas luces, es un despropósito no solo irracional, sino estúpido. Vaya
ironía, pretenden generar empleo echando a la calle a miles de servidores
públicos para seguir las recomendaciones del al FMI y cumplir con el
condicionamiento del organismo internacional. Las propias organizaciones
financieras como la CEPAL, FMI, BM recomiendan hoy desesperadas, la
implementación de bonos, créditos blandos, subvenciones, etc. La CEPAL propone
un ingreso básico de emergencia por 6 meses (de 140$us/mes) a bien de evitar
que la población muera de hambre y estimule la oferta (la producción). Entonces
los empresarios privados quienes en realidad diseñaron el Programa, ¿quieren
reactivar la producción y el mercado? o su finalidad es aprovechar los créditos
concesionales, hacerse de todos los recursos posibles, para luego salir
exigiendo condonaciones bajo el pretexto de la pandemia, como en el pasado
neoliberal, cuando hicieron quebrar el banco agrícola, el banco minero y otros
bancos.
5.
La vigencia de
los fondos como el FORE (12 años), el FOGASEC (10 años) y el FOGAVISS (30 años)
está demostrando la falacia de un Programa que se autodefine de CORTO PLAZO.
Pues no es solo incoherencia, sino es el cinismo agresivo de pasar por encima
de la legalidad, de la lógica y de la vergüenza, cuando los plazos de este
Programa no tienen ninguna visión de corto plazo. ¡¡No existe política de
empleo medianamente seria en el corto plazo!!, salvo los planes de emergencia
de empleo eventual por meses como acostumbró el neoliberalismo en los 20 años
de su gestión. Toda generación de empleo es pues de largo plazo, en razón de
que debe estar fundido a un desarrollo socioeconómico de las fuerzas
productivas, sustitución de importaciones, industrialización y sobre todo
soberanía productiva, que es exactamente lo que no les interesa a los
neoliberales y lo que tanto odian. Por si fuera poco, el propio FMI en su carta
de crédito rápido hace referencia al mediano plazo, pero el DS 4272 se define
de corto plazo, pero implementa medidas de largo plazo. ¿Qué es esto?
6.
De ahí se
concluye que los golpistas tienen la finalidad de desmantelar el Modelo
Económico del Proceso de Cambio que siempre soñaron durante 13 años. El DS 4272
pretende una restauración neoliberal. Creen los empresarios que ésta es la
oportunidad de lanzarse a la ofensiva de la forma más oportunista para liquidar
los éxitos de la economía boliviana demostrado y apreciado por los países del
mundo, organismos internacionales y cuanto análisis honesto exista en la
economía política. ¿Puede y debe el gobierno transitorio tomar medidas de esta
magnitud?. De ninguna manera. Los partidos de derecha que se hicieron del poder
a través de un golpe de Estado, solo tienen la misión de convocar a nuevas
elecciones, pues son gobierno transitorio y su rol está restringida al hecho
electoral. El gobierno transitorio no tiene ninguna legitimidad y por tanto es
una impostura. Los financiadores del golpe como los empresarios privados, la
oligarquía cruceña y la banca, con el respaldo del gobierno de EE.UU no se
detendrán hasta que el proceso de recomposición del movimiento popular frene
esta arremetida destructiva.
7.
Los recursos de
los fondos creados son para beneficiar a las grandes empresas y la banca
privada. Esos son los únicos beneficiarios del programa. Buscan alivianar la
cartera en mora de los empresarios y por si fuera poco, capitalizarlas a costa
de la economía nacional como en otras oportunidades de nuestra historia. Son
recursos para los ricos que no tienen ninguna condicionalidad; sea para las
empresas grandes que no se les impone la lógica condicional de no despedir a
sus trabajadores o empleados a cambio de los grandes recursos que pretender
recibir, entonces, la libre empresa en función de sus intereses respaldados por
el Programa y contra la Constitución, ejercerán las decisiones que les
convengan y estos no son el de los del pueblo boliviano. ¡No puede ser que el
empleo vigente, no tenga salvaguarda al momento de entregar los recursos del
país a los empresarios!; no puede ser que no exista regulación para que las
empresas no puedan declararse en quiebra, despedir a sus trabajadores directa o
con subterfugios, cerrar las empresas, bajar salarios, etc. De otra parte, a la
banca privada que de manera libre recibirá montos grandes para intermediar, no
se les impondrá límite alguno a sus ganancias y a la especulación como se normó
en el gobierno de Evo Morales; estas como toda banca privada, destinará los
créditos a las actividades especulativas, al comercio, a la exportación, a los
auspiciadores del golpe y no precisamente a los sectores productivos, al
autoempleo y pequeñas y microempresas. La banca privada no puede normar su
propio límite de ganancias y el Decreto Supremo no hace intento alguno para
regular como Estado.
8.
El DS 4272 no
protege a las Empresas Públicas, no protege el patrimonio del Estado.
Contrariamente, busca liquidarlas y en esa línea determina que deben presentar
(arts. 84, 85) un “Plan de Factibilidad de Corto Plazo que exponga información
suficiente para determinar la sostenibilidad de la Empresa Pública” con
proyección tan solo a marzo del 2021 y evitando “considerar como supuestos la
erogación de nuevos recursos por parte del Estado”, es decir sin apoyo, sin
recursos, sin inversión. Dicen de las empresas públicas que se “evaluará su
viabilidad”, simple pretexto para su cierre. Antes de “optimizar la gestión
empresarial”, lo que buscaban los empresarios que financiaron el golpe, fue el
boicot los meses siguientes al golpe de Estado cuando paralizaron el
funcionamiento de dichas empresas y la inversión pública, pero ahora quieren su
liquidación de la mano del Decreto neoliberal 4272. Las empresas públicas
durante el primer cuatrimestre del año no recibieron el apoyo prestado a las
empresas privadas en recursos para planillas salariales y otras. El
desmantelamiento de las Empresas Públicas es uno de los acuerdos con el FMI y
uno de los postulados del capital y sus acólitos empresariales, en tanto
consideran que el Estado no debe intervenir en la economía. Lo que busca el
4272 es el cierre de todas las empresas públicas y su transferencia a la empresa
privada. No importa si es legal, no importa si el gobierno transitorio tiene
facultades para ello, no importa si con ello arrastran a la economía al
desastre, no importa si estamos en cuarentena por la pandemia y no importa la
opinión del pueblo, que, si es necesario, responderán con represión.
9.
Entonces,
¿quiénes son los beneficiados del DS. 4272?. La banca Privada y los grandes
empresarios. Para ellos se destinó 2.274 millones de dólares de los 2.617
millones programados. Ya sabemos que retrocedieron en el absurdo de transferir
los recursos de industrialización del propileno por la reacción inmediata y
patriótica de la provincia Gran Chaco. El Decreto no asigna recursos para la
minería (para FAREMIN y FOMIN); los 120 millones de bolivianos para las pequeñas
y microempresas es un insulto. Dentro de la economía plural, ¿qué dice el
decreto de reactivación del empleo de la economía comunitaria?, absolutamente
nada.
10. La impostura del DS 4272 se desnuda más con el otro
DS 4277 en razón de que los 357 millones de dólares del crédito del FMI
estarían destinadas a reforzar la balanza de pagos como señala el propio
decreto 4277 de los golpistas. Dice textualmente el decreto en el Art. 2: “como
apoyo presupuestario para el TGN, destinados para cubrir las urgentes
necesidades fiscales y de balanza de pagos, asociadas con el aumento del gasto
en salud y el deterioro de los términos de intercambio”. Esto es inaudito y
ratifica nuestra primera observación cuando postulan hacer uso de los
“excedentes económicos” para entregar a los empresarios y la banca y a punto
seguido, confirmar que no existen esos recursos y, se recurre a la deuda
condicionada del FMI, cuando ésta no fue aun aprobada por la instancia
constitucional que es la Asamblea Legislativa. El gobierno transitorio ha
decidido la transferencia de los recursos del crédito FMI en contra de toda la
legalidad, en contra de la soberanía, en contra del pueblo boliviano y en
contra de una tradición de dignidad desarrollada los últimos años en la
relación con los organismos de crédito internacional.
11. Finalmente, de esta mirada rápida del DS emitido por
el gobierno transitorio, se desprende con nitidez la intención de los golpistas
y de los empresarios privados, de implementar una política neoliberal, pero de
contrabando, de ocultas, con engaños. El 4272 es un remozado 21060, un
neoliberalismo aprovechando la gran angustia que siente el pueblo boliviano de
ver que la pandemia no se puede administrar con profesionalismo y lo único que
se difunde es miedo, amenazas de detenciones, represión, falta de insumos, etc.
La economía se contraerá más y el neoliberalismo ha demostrado en el país y en
el mundo que es incapaz de resolver los problemas productivos, de empleo, de
pobreza, de crecimiento, de industrialización, de distribución de la riqueza,
etc. Más hoy pretende en el país volver agazapado y disfrazado queriendo
nuevamente destruir lo logrado en casi 14 años de soberanía política y
económica. Como el 21060, el 4272 no solo se refiere al empleo, ataca a las
empresas, define nuevo rol de la banca, de las grandes empresas, del crédito,
se endeuda, define largo plazo, hace ajustes a la política fiscal, crea fondos,
etc. ¿El neoliberalismo quiere defender el empleo?, ¿quiere defender a los
trabajadores?, ¿quiere potenciar a economía nacional?. La verdad brilla, solo
quieren restaurar el neoliberalismo. Ese es su proyecto.
Nuestra
Alternativa: Proponemos en lo inmediato:
a.
Lucha frontal
contra el DS 4272 y contra el DS 4277 porque son una impostura y no constituye
ningún programa de reactivación del empleo y de la economía.
b.
Articulación
unitaria y nacional de todas las fuerzas sociales, políticas, regionales,
sectoriales contra el golpismo que pretende restaurar el neoliberalismo.
c.
Respaldo a la
Central Obrera Boliviana y a todo el movimiento popular en la exigencia de la
abrogación de esos decretos y otros. Todo acto, toda movilización debe
incorporar esta demanda.
d.
Planteamos para
alivianar el schok de la demanda, la
implementación inmediata de un bono de 1.000 Bs. de carácter universal por todo
el período de la cuarentena, sea rígida o flexible. Sólo de esa manera la
población puede hacer frente a extremos de miseria y dinamización del mercado
interno y por tanto de la producción.
e.
Defensa de las
empresas públicas.
f.
Impuesto a los
ricos y de mayores ingresos. Que los que más tienen contribuyan más.
g.
Plan de apoyo a
la pequeña producción agropecuaria que son los que están sosteniendo el mercado
interno con sus productos alimenticios en medio de la pandemia.
h.
Sistema Único de
Salud Pública frente a una salud privada inútil, innecesaria, discriminadora y
usurera. La salud es un derecho y debe ser responsabilidad exclusiva del
Estado.
i.
Empresas
Sociales y/o autogestionarias, en todas aquellas empresas que se declaren en
quiebra fraudulenta, sean abandonadas por sus propietarios, adeuden salarios y
beneficios a los trabajadores producto de la recesión de la economía. Que sean
operadas por los propios trabajadores con todo el respaldo legal y estatal.
Bolivia,
13 de julio
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