GOLPES DE ESTADO EN BOLIVIA | XV: Llegada de la democracia | por Froilán González y Adys Cupull

 

 

El mismo guion para todos los tiempos.

El historiador Tomás Molina reflejó en su libro “Con el testamento bajo el brazo”, los vínculos de Luis Arce Gómez con el abogado Juan Carlos Camacho a quien contrató como asesor para su aspiración presidencial y Camacho le prometió mostrarlo como el mejor patriota, más capaz, más carismático, hacerlo famoso y necesario, pero el mismo Arce Gómez lo catalogó de excremento, basura, prototipo del traidor, bajo, adulón, intransigente e intrigante.

Narró que cuando fue Ministro del Interior nombraba a los alcaldes y otras autoridades, de manera directa, sin elecciones y le relató no tener parentescos en Bolivia, su padre de origen alemán, nació en Andorra, pero en Sucre se presentaba como descendiente del ex presidente Aniceto Arce y la alcaldía de esa ciudad lo condecoró.

Era propietario de una flotilla de 16 aviones, entre ellos dos jets, otros para una escuela de pilotaje o alquilarlos como taxis o para el narcotráfico. Por cada vuelo de Bolivia a Colombia le pagaban 250 mil dólares y manifestó que como era piloto viajaba solo para no tener testigos.

Le confió como se enteraba de todo, hasta de las mujeres cuando engañaban a sus maridos. Controlaba los teléfonos, poseía equipos para interceptar las conversaciones adquiridos en Alemania y con ellos montó un centro de inteligencia en la calle Potosí.

El 31 de enero de 1981 en Estados Unidos, en el programa 60 minutos de la CBS se acusó a Luis Arce Gómez de   narcotraficante. La embajada de Estados Unidos le exigió al general Luis García Meza la sustitución inmediata y propusieron en su lugar al general  Celso Torrelio Villa, ex comandante de la escuela de comando y estado mayor del Colegio Militar.

Luis Arce Gómez presentó la renuncia, pero el resentimiento hacia los norteamericanos alcanzó proporciones no imaginadas. Expresaba como lo usaron y cuando no les servía, lo echaron como una servilleta. Sus interlocutores le aconsejaban no abrir la boca y sujetarse la lengua porque podían desaparecerlo para siempre o asesinarlo. Se denunció que en su mandato hubo alrededor de 500 víctimas, entre asesinatos, desaparecidos, torturados y perseguidos y alrededor de 4000 detenidos.

David Arce miembro del Equipo Técnico de la Comisión de la Verdad de Bolivia relató: “Este equipo se ha formado para esclarecer los hechos de violencia, de violación de Derechos Humanos que se sucedieron en el país entre 1964 y 1982.  El problema del narcotráfico se visibiliza con las presidencias dictatoriales de Hugo Banzer y García Meza.

“En Bolivia en 1980 prácticamente, el narcotráfico llegó al poder con Luis García Meza y Luis Arce Gómez, el narcotráfico se hace del poder político y utiliza al Estado como instrumento no solamente de represión, sino como un instrumento para concretar sus negocios ilícitos.

“Estados Unidos se presenta, asimismo, como el paladín en la lucha contra las drogas. Sin embargo, en los hechos se ha visto una doble moral, mientras por un lado ha financiado programas de radicación y represión del narcotráfico y castigando a los países, campesinos y productores pobres, por otro lado, se ha valido del narcotráfico para financiar sus campañas internacionales en el campo militar y político.

“Cuando a la DEA y a la CIA, el Congreso de Estados Unidos no le da los recursos económicos necesarios para sus actividades, acuden a tratos con narcotraficantes para nutrirse de recursos económicos.  Lo han hecho en Bolivia en la década del 80.

“Se sabe que Oliver North, uno de los principales cabecillas del caso Irán-Contras ha estado en Bolivia en los años 80, ha estado reunido con jerarcas del narcotráfico y ha utilizado estos recursos para financiar las actividades contrarrevolucionarias de la CIA, la DEA y el Pentágono; es difícil definir donde empiezan las labores de uno o donde terminan las del otro, pero muchas veces actúan de manera conjunta…

“Para que se note claramente el poder del narcotráfico en Bolivia cabe mencionar el caso Huanchaca, en la década de los 80, cuando se descubrió de manera accidental por un científico ecologista boliviano que sobrevolaba la zona, un laboratorio gigantesco. Al ver una pista aterrizó y fue asesinado en tierra por personeros de una mafia de narcotraficantes que controlaban la pista y el laboratorio.

“Las investigaciones llegaron a demostrar que había connotaciones políticas e internacionales. A tal grado llegó la magnitud del problema, que uno de los investigadores, el diputado Edmundo Salazar Terceros, fue asesinado en Santa Cruz, cuando un sicario lo ametralló en plena calle; luego del anuncio de hacer ciertas revelaciones…”

El escándalo del narcotráfico y la vinculación del gobierno de Estados Unidos, llegó hasta el Congreso de ese país.  Es ampliamente conocido como el general Hugo Banzer, cedió a un grupo de militares los terrenos donde se encontraba la finca de Huanchaca, zona alejada y virgen en la frontera entre Brasil y Bolivia, después fue vendida a un narcotraficante y éste a un norteamericano y se montó la fábrica de cocaína.

Oliver North, Director Político del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, dirigía a los paramilitares y mercenarios, llamados soldados de la libertad, para derrocar a los sandinistas nicaragüenses. En Santa Cruz, sostuvo reuniones con Robi, hijo de Roberto Suárez, el más poderoso narcotraficante de Bolivia, dueño de plantaciones de coca, de laboratorios para la elaboración de cocaína, sistema de transportación a Estados Unidos y la comercialización en ese país.

North le entregó 200 millones de dólares para establecer una fábrica capaz de producir 500 toneladas para financiar a los contras en Nicaragua. El gran laboratorio se levantó en Villa Mosquito en el Departamento del Beni.

Los argentinos y los norteamericanos llegaron a la conclusión que el general Luis García Meza debía dejar el gobierno, la crisis económica, solo mantenida por el narcotráfico, se aproximaba al colapso, el descredito, la sangrienta represión, corrupción, arbitrariedades, nepotismo, abusos, mentiras, violación de los derechos humanos, amenazaban una sublevación social, convulsión política y la guerra civil.

Acordaron pedirle la salida y en su lugar fortalecer a la Junta Militar con el compromiso de reprimir a la izquierda. Organizaron una sublevación militar en Santa Cruz para exigir el cambio de gobierno. El 4 de agosto de 1981 el presidente de facto Luis García Meza presentó la renuncia. Las agudas contradicciones en la Junta Militar, donde todos querían ser presidentes, no llegaban a ponerse de acuerdo.

Alberto Natusch Busch protagonizó junto con otros militares un Golpe de Estado contra García Meza, pero los norteamericanos se opusieron por participar en actos de corrupción vinculados al narcotráfico de algunos de ellos.

Después de varias reuniones con funcionarios norteamericanos, los jefes de las tres armas, emitieron un comunicado en el que ratificaban al general Celso Torrelio Villa como presidente y el compromiso de garantizar las elecciones generales el 24 de abril de 1983.

El 4 de septiembre de 1981 el general Celso Torrelio Villa juró como presidente de facto y decretó la flotación del peso boliviano, que dio comienzo al proceso de hiperinflación. Las protestas se generalizaron y el gobierno se vio obligado a disponer el restablecimiento de las libertades políticas y sindicales, autorizar el retorno de los exiliados y suspender el toque de queda.

La oposición política y la COB advirtieron los peligros de un inminente golpe de Estado y movilizaron a sus militantes y simpatizantes. Para calmar el descontento Torrielo propuso la convocatoria a una Asamblea Constituyente, pero varias guarniciones militares demandaron su renuncia.

Mientras, en Estados Unidos acusaron a Luis Arce Gómez de narcotraficante y cuando solicitó pruebas, la respuesta fue que en su gobierno todos eran narcotraficantes y que García Meza, autorizaba a los aviones de Colombia a aterrizar en Bolivia, la crisis continuó y el 19 de julio de 1982 Celso Torrelio fue sustituido por las Fuerzas Armadas.

La Junta Militar a sugerencia de Estados Unidos impuso al general Guido Vildoso Calderón, nació en 1937, graduado del Colegio Militar, donde ejerció como profesor, con estudios de especialización en Estados Unidos, Panamá, y Brasil, comandante de la Escuela de Comando y Estado Mayor de la VII División de Ejército. En la dictadura de Banzer fue ministro de Previsión Social y Salud Pública.

El 20 de julio de 1982 Vildoso juró como nuevo presidente de facto y se comprometió a devolver la administración a un gobierno civil. El nuevo presidente es respetado en la sociedad de Santa Cruz, considerado amable, culto, inteligente y caballeroso, aunque lo critican por designar a Luis Arce Gómez, como Agregado Militar en Argentina.

El 9 de noviembre de 1982, se informó que una corte de Miami acusó a Arce Gómez de narcotraficante y se disponía a solicitar a la cancillería argentina, la extradición.

El nombramiento del general Guido Vildoso como Presidente de facto, terminó por cerrar un ciclo dictatorial, con el retorno a la democracia. Se le ordenó un plazo límite de 365 días, cumplió lo establecido y entregó el mando Presidencial al doctor Hernán Siles Zuazo, dando inicio a una nueva etapa democrática.

El doctor Hernán Siles Zuazo, se hacía cargo de un país prácticamente destruido, con una frágil democracia, una difícil situación social, económica y política y económicamente quebrado y en bancarrota.

Se desencadenó una hiperinflación incontenible y la caída del poder adquisitivo, llevando al país a la anarquía, la pobreza extrema, el endeudamiento y la devaluación constante del dólar que llegó a cotizarse en más de dos millones de pesos bolivianos por dólares. En los mercados los billetes se pesaban porque no había forma de contarlos.

Era la herencia de 18 años de sucesivos golpes de estado, desgobiernos militares, robo, corrupción y saqueo sin freno de las empresas transnacionales. Las fuerzas de derecha acusaban al gobierno de la grave crisis que ellos mismos habían provocado. Las presiones obligaron a convocar nuevas elecciones para evitar una guerra civil y preservar la democracia.

El 24 de enero de 1983 el gobierno del doctor Hernán Siles Zuazo extraditó a Francia, al criminal de guerra nazi Klaus Barbie.   Se informó a la opinión pública sus vinculaciones con las dictaduras de Barrientos, Banzer y García Meza y documentos que lo involucraban con la CIA y el tráfico de drogas patrocinado por esa agencia de espionaje.

Vivía en Perú, donde fue acusado de estar vinculado al asesinato de un importante empresario y la prensa reveló su identidad; los cazas nazis Klarsfed lo ubicaron y comenzaron la campaña para extraditarlo a Francia, condenado a muerte dos veces en ausencia, por encontrarse oculto en Suramérica. Ante las denuncias regresó a Bolivia y el dictador Hugo Banzer lo contrató como asesor de inteligencia.

Esas informaciones le permitieron a Francia solicitar la extradición, denegada por el gobierno de Banzer con el argumento de no existir tratado entre ambos países. Las autoridades norteamericanas revelaron que Barbie viajaba con frecuencia a Estados Unidos para comprar armas y municiones. Reportaron tener registradas cuatro entradas con pasaporte boliviano y en su expediente constaban informaciones detalladas de lugares, contactos, montos y otros antecedentes desde antes, durante y después del golpe del general Luis García Meza. Luis Arce Gómez lo designó su asesor y le garantizó protección y privilegios.

Los medios informativos afirmaron las relaciones con la CIA, desde antes de llegar a Bolivia, y las mantuvo durante los 11 años en ese país, donde fue la figura central de la industria de la cocaína. Al ser procesado en Francia, el abogado defensor argumentó que la justicia francesa carecía de moral para condenarlo, porque los crímenes de los colonialistas franceses fueron mayores y más terribles que los cometidos por Barbie y ninguno fue juzgado y menos condenado. El 4 de julio de ese año fue sentenciado a cadena perpetua y el 25 de septiembre de 1991 falleció de leucemia.

El 13 de marzo de 1984, The Washington Post reveló dos nuevos intentos de golpes de estado en Bolivia. El 1 de junio el Embajador norteamericano realizó una reunión reservada con el Alto Mando Militar y los ministros de Defensa e Interior y el 30 de junio se produjo el intento de golpe encabezado por el coronel Rolando Saravia.

Ese día en horas de la madrugada tres personas penetraron en las habitaciones privadas del Presidente y lo secuestraron. Los sirvientes no se enteraron hasta la hora del desayuno donde alarmados notaron la ausencia.

Los medios informativos opositores, circularon rumores de que era un auto secuestro, como pretexto para subir el precio de los productos de primera necesidad. Otros lo calumniaban señalando, se había ido de farras con una popular vedette y se quedó dormido o se olvidó de regresar. Una emisora opositora entrevistaba constantemente a personas que censuraban al Presidente por su fiesta nocturna y los amores con una joven, que podría ser su nieta, pero nunca pudieron probar.

Las fuerzas aliadas al Presidente y los defensores de la democracia se movilizaron en manifestaciones y amenazas de bloqueos de las principales calles y avenidas de La Paz. Los golpistas y la Embajada norteamericana se alarmaron. Las Fuerzas Armadas detuvieron a varias personas, dejaron cesantes al personal de servicio y de seguridad del Palacio Presidencial, que fueron los que pagaron las culpas, acusados de cómplices.

En la búsqueda, el Ministerio de Gobierno localizó una residencia en el barrio residencial de Miraflores.  Para esa hora, era evidente que el intento de golpe había fracasado. Siles Zuazo les ofreció garantías a sus secuestradores y los acompañó hasta la embajada de Argentina, donde pidieron asilo.  El Presidente declaró como culpables las fuerzas de derecha, que originaron la intentona golpista.

De los secuestradores nunca se supo, permanecieron en el misterio hasta casi 10 años después cuando se denunció en el Parlamento a los coroneles de la policía, Carlos Barriga, Germán Linares y Edgar Prudencio como autores del secuestro y en esos momentos ocupaban cargos claves en la institución como enlaces entre la Policía y la Embajada de Estados Unidos.

La embajada norteamericana en La Paz, solamente invitaba a sus recepciones a personas con visas de entrada al país y públicamente comentaban no serían invitados los ministros o funcionarios miembros del Partido Comunista; presionaban a Siles Zuazo para excluirlos del gobierno, por considerarlos dañinos y lo mejor era se marcharan del país.

Ese año, como parte de los planes golpistas, la CIA y la DEA organizaron un plan contra el doctor Hernán Siles Zuazo, consistente en colocar una tonelada de cocaína en un avión con destino a Estados Unidos y escala en Caracas. Todo estaba preparado para acusar al gobierno de Siles Zuazo de estar ligado al narcotráfico a través de Roberto Suárez y aprovechar el escándalo para derrotarlo.

El funcionario diplomático boliviano en Caracas, Víctor Hugo Canelas, recibió la información de un martiniqueño, miembro de la DEA que le informó los planes de la CIA. La   oportuna denuncia frustró la trama golpista, sin embargo, el 6 de noviembre de 1984 el departamento de Estado informó sobre los intentos de otro golpe de estado en Bolivia y el 13 de diciembre se anunció que el doctor Hernán Siles Zuazo convocaría a elecciones para el 16 de junio de 1985 y dejaría el cargo el 6 de agosto de ese año.

El embajador norteamericano anunció el 4 de febrero de 1985 el apoyo a la realización de las elecciones libres, correctas y donaría 3 millones de dólares a las Fuerzas Armadas.  Seguidamente esa institución señaló su compromiso con la democracia, garantizarían las elecciones y mostraron el agradecimiento a Estados Unidos por los 2.2 millones de dólares que entregarían para financiarlas.

El 14 de julio 1985 se realizaron las elecciones generales. Ninguno de los candidatos obtuvo los votos requeridos y Víctor Paz Estenssoro y Jaime Paz Zamora se unieron; el 6 de agosto juraron como presidente y vicepresidente.

 

Continuará.

 

Por Froilán González y Adys Cupull