Crisis, resistencia y traición: el momento crítico del Proceso de Cambio en Bolivia

En Bolivia estamos atravesando uno de los momentos más álgidos de la contradicción entre el orden colonial-capitalista y la lucha del movimiento indígena, campesino, originario, obrero y popular por subvertir el sistema establecido. Esta lucha histórica, que tomó un cauce transformador con el Proceso de Cambio, hoy se encuentra nuevamente en disputa.

Si bien el sujeto histórico revolucionario —indígena, campesino, originario, obrero y popular— ha sido duramente golpeado en su capacidad creativa y organizativa al subsumirse al Estado durante el Proceso de Cambio, no ha desaparecido. Por el contrario, continúa vigente, resistiendo su desaparición como actor político y recuperando su rol como constructor de un horizonte emancipador que sigue convocando a amplios sectores sociales.

En este contexto, el papel del actual gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca ha sido también funesto, por lo que no sorprende que uno de los principales objetivos de su gestión haya sido la eliminación política y material del liderazgo histórico de Evo Morales, así como su marginación personal. Para ello, han impulsado una estrategia sistemática de división del movimiento popular y sus organizaciones sociales, utilizando la prebenda, el chantaje y diversas artimañas que han generado confusión, debilitamiento y una polarización que se ha traducido en una creciente adhesión desde las bases al llamado “evismo”, es decir, el respaldo al liderazgo histórico de Evo Morales.

El gobierno de Arce también se ha caracterizado por adoptar políticas claramente favorables a la agroburguesía del oriente boliviano y a sectores capitalistas exportadores. A estos grupos, además de las concesiones ya existentes, se les ha otorgado créditos blandos, subsidios y exenciones impositivas. Mientras tanto, pese al discurso oficial sobre industrialización, se ha paralizado la implementación de proyectos ya concluidos durante la gestión de Morales, particularmente en el ámbito estratégico del litio, boicoteando los avances más significativos. En resumen, se ha abandonado la planificación económica, la redistribución de excedentes y la inversión en empresas públicas, reemplazando esos pilares por una política de endeudamiento externo para cubrir déficits fiscales y del gasto corriente.

La crisis actual no es reciente, sino el resultado acumulado de una mala gestión económica. Sus efectos más evidentes son la escasez de combustibles y el alza constante en el costo de la canasta familiar, lo cual golpea directamente a las mayorías populares.

A este cuadro se suma la instrumentalización abierta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE), utilizados como brazos operativos del poder ejecutivo para proscribir, por la vía judicial y administrativa, la candidatura de Evo Morales. En el caso del TCP, se ha orquestado una ofensiva sin precedentes, articulando todo el sistema judicial en una guerra jurídica (lawfare) con sentencias a la medida del gobierno, procesos ilegales e inconstitucionales, y criminalización de la protesta social bajo el viejo y reaccionario argumento del “terrorismo”. El TSE, por su parte, ha recurrido a manipulaciones burdas e ilegales para impedir, por todos los medios, el retorno de Morales y de su estructura política a la contienda electoral.

Estamos, por tanto, ante un escenario de violación sistemática y grave de los derechos humanos, de represión violenta, de persecución política y de proscripción de amplios sectores sociales. Este gobierno se revela como un régimen autoritario disfrazado de democracia, que además se presenta, con cinismo, como una “propuesta de izquierda”.

En este marco, la movilización popular, iniciada hace más de una semana, ha ido en ascenso y se ha extendido por todo el país. Su principal demanda es una respuesta concreta a la crisis económica que afecta directamente al pueblo, pero también exige el respeto a los derechos civiles, políticos y humanos de las grandes mayorías nacionales.

La respuesta del gobierno de Arce y Choquehuanca —presumiblemente asesorados por falsos izquierdistas y traidores a la causa popular— ha sido una escalada represiva. Han ordenado a las Fuerzas Armadas, como en los tiempos oscuros de las dictaduras militares, ejecutar operativos conjuntos con la Policía para reprimir con violencia al pueblo movilizado.

En esta ofensiva, cuyo objetivo parece ser allanar el camino hacia una masacre, el gobierno ha dispuesto el repliegue de personal policial, médico, judicial y bancario del Trópico de Cochabamba, actual bastión de la resistencia popular y territorio del movimiento cocalero liderado por Evo Morales. Este movimiento, que ha mantenido una sólida y coherente organización territorial y política, sigue siendo el principal factor de poder de la lucha popular en Bolivia.

Desde el Movimiento Guevarista denunciamos estos aprestos represivos del gobierno de Luis Arce Catacora y exigimos que los actuales conflictos políticos y económicos se resuelvan mediante el diálogo. Un paso fundamental hacia la pacificación nacional debe ser el reconocimiento, por parte del presidente Arce, de su incapacidad para conducir el destino del país.

Convocamos al pueblo boliviano a cerrar filas en defensa de la democracia, a rechazar el autoritarismo disfrazado de izquierda y a no perder de vista el horizonte histórico que guía nuestra lucha: la liberación nacional y la construcción de una sociedad libre, justa, digna, soberana y revolucionaria.

 

¡Viva la movilización popular!

¡Abajo la represión del régimen derechista de Arce!

¡La lucha continúa!

Movimiento Guevarista

Bolivia, 10 de junio 2025